Lima (CR). El ministro de Justicia, Víctor García Toma, descartó tajantemente cualquier posibilidad de que el Perú se retire parcialmente o presente alguna reserva contra el Pacto de San José o Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, como consecuencia de las sentencias dictadas contra nuestro país por la Corte Interamericana que han obligado al pago de reparaciones económicas, entre otras, a favor algunos sentenciados por casos de terrorismo.Sin embargo, mostró su disconformidad con el monto de algunas reparaciones, que consideró exorbitantes y no guardan proporcionalidad ni simetría con los delitos cometidos por los terroristas, y en muchos casos condenan al desamparo a soldados y policías afectados por la violencia terrorista.
Pese a ello, el ministro afirmó que las decisiones de la Corte Interamericana de San José son irreversibles e irrevisables, por lo que el Perú debe cumplirlas, al mismo tiempo que mantenerse como miembro de esa jurisdicción supranacional por constituir un organismo de defensa frente a la violación de los derechos humanos en cualquier Estado del continente.
“El Perú ratificó el Pacto (de San José) y no hay ni puede haber marcha atrás”, afirmó categórico.
Dijo también que las sentencias dictadas por la Corte de San José (COIDH) se deben a que la justicia peruana no ha sido lo suficientemente capaz de garantizar los derechos humanos, por eso es uno de los países “más quejados” del continente.
En tal sentido, precisó que la Comisión Interamericana (CIDH), que es el organismo previo a un proceso en la COIDH, es un ente que garantiza la defensa de los derechos humanos, y el Perú no puede retirarse de su jurisdicción porque no puede permitir la ‘indefensión’, ni siquiera parcial, de ningún ser humano.
La posición fue respaldada por el congresista Javier Valle-Riestra (PAP), quien reiteró que mientras en el Perú existan jueces corruptos o manipulables políticamente, debemos mantener “a toda costa” nuestra permanencia en el Pacto de San José, por ser la mejor garantía de la defensa de los derechos consagrados en nuestra Constitución.
A la misma posición se sumaron, entre otros, los legisladores Raúl Castro (UN), Aldo Estrada (UPP), Édgard Reymundo (BP-CD), Víctor Mayorga y Marisol Espinoza (GPN), entre otros.
Cuantiosas reparaciones
En su presentación en la sesión que celebró la Comisión de Constitución el martes 17, bajo la conducción de su presidente Aurelio Pastor Valdivieso (PAP), el ministro dio a conocer que el Perú enfrenta 320 procesos en la COIDH, que se refieren a 10,303 peticiones individuales, por temas como derecho a la vida o al debido proceso, y por reclamos laborales.
Del total de procesos, 18 están relacionados a delitos contra la vida, la integridad personal y torturas; 21 a desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales (que involucran a 98 personas); 127 a casos de terrorismo (que comprende a 182 personas); 30 tratan sobre temas relacionados con el debido proceso y 29 a casos de magistrados cesados; y en menor número a casos de anticorrupción, medio ambiente (denunciados por comunidades indígenas), narcotráfico, etc.
La Corte de San José ha dictado sentencia en 25 procesos, que involucran a 2,077 víctimas declaradas; y lleva un proceso en trámite, con 223 presuntas víctimas; y ha dictado dos medidas provisionales.
García Toma explicó que las reparaciones dispuestas en las sentencias se refieren a resarcimientos patrimoniales o indemnizaciones, además de costas y costos; a obligaciones de hacer publicaciones, pedir disculpas, erigir monumentos u otorgar becas; y a acciones de restitución, como nulidad de procesos, jubilación, ejecución de sentencias; cambios de normas, atención en salud, vivienda, etc.
A la fecha, el monto establecido por concepto de reparaciones llega a 30 millones 945,253 dólares, de los cuales el Perú ha pagado ya más de 22 millones y tiene pendiente de pago un monto total de US$ 8 millones 874,640, sin incluir intereses.
Las cifras han sido establecidas por un equipo de 15 abogados, encabezados por Jessica Valdivia, jefa del gabinete de asesores del MINJUS, gracias a lo cual se cuenta con una data sistematizada que permite conocer cuánto se ha pagado por reparaciones, cuándo y a quiénes, para evitar errores, omisiones o duplicaciones, etc.
Así mismo, por primera vez, el Estado cuenta con un equipo de defensa gracias a la creación y puesta en marcha, en enero de 2009, de la Procuraduría Supranacional, que dirige Delia Muñoz y conforma un equipo de siete profesionales altamente calificados, lo que permitirá superar las deficiencias de la defensa del Estado en los procesos afrontados con anterioridad, dijo el ministro.
La exposición del ministro satisfizo a los congresistas, quienes anunciaron que volverán a invitarlo para debatir otros temas puntuales relacionados con su cartera.
